Abel Martínez Planells Presidente de FAPYMA Huelva 20.01.20
“Soy Padre “
Desde que se inició la nueva legislatura y nos han ido llegando las noticias de las actuaciones que este recién constituido Gobierno quiere desarrollar en materia de Educación, la preocupación se ha instalado entre muchos padres que no vemos con buenos ojos las derivaciones que puede tomar la nueva política educativa.
La vertebración de la educación a través de los centros de enseñanza de titularidad pública, tal como se recoge en el pacto de gobierno PSOE Unidas Podemos, aparte de revelar la primera intención de sus actos, deja en un grado secundario, cuando menos, a todos los centros de titularidad privada de carácter concertado, que prestan un servicio educativo a la sociedad y permiten que muchos padres escolaricen a sus hijos en ellos, porque se identifican con su ideario y quieren que así se les trasmita a sus hijos.
Lo que primero que llama la atención de esta deriva totalitaria en materia educativa es la coacción de libertades que desvela. ¿Por qué se quiere imponer un único modelo educativo público? ¿Qué miedo trasluce en esta pretensión que intenta sofocar la libertad de enseñanza? ¿Por qué los padres no pueden elegir libremente dónde escolarizar a sus hijos? Imponer que nuestros hijos sean escolarizados únicamente en colegios de titularidad pública sería tan injusto y absurdo como imponer lo contrario, es decir, que se obligara a que asistieran únicamente a colegios de titularidad privada. La conquista más importante de nuestro régimen democrático ha sido la libertad y, en materia educativa, la posibilidad de tener un modelo plural que permita elegir libremente entre los distintos centros y modelos educativos. Si los principios fundamentales inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico son la libertad, la igualdad y el pluralismo, la imposición de una malentendida igualdad supondrá la merma de los otros dos principios fundamentales, los cuales ya no serán tales, sino que se reinterpretarán en función de lo que piense la casta dominante, deriva ciertamente muy peligrosa que será necesario contrarrestar con los medios que el Estado de Derecho nos proporciona.
La primera manifestación de la ministra de educación en el último consejo de ministros ya deja bien a las claras cuál es su intención. No voy a entrar a valorar la idoneidad de lo que ha motivado estas declaraciones (el pin parental), pero manifestar desde su tribuna de poder que “los hijos no pertenecen a los padres de ninguna manera”, deja claro que piensan ningunear nuestros derechos para trasmitir a nuestros descendientes los valores educativos que el Estado crea más conveniente. Evidentemente ningún hijo es una propiedad absoluta de los padres, sino un ser independiente que deberá desarrollar su vida en un contexto de libertad dentro del sistema cívico que nos hemos dado, pero está muy equivocado el Gobierno de turno si cree que todos nuestros desvelos en su crecimiento y desarrollo van a quedar apartados para que ahora venga papá Estado a decirles lo que deben hacer y cómo deben pensar. El don y la dicha de ser padre no termina nunca, en cambio el poder temporal sí tiene fecha de caducidad.
