La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE-Andalucía) ha propuesto alcanzar un Pacto Educativo en Andalucía como “base y punto de partida para la recuperación económica y social” de Andalucía a causa de la pandemia del COVID19.
El Secretario General de CECE-A, Rafael Caamaño, así lo ha indicado en la sede del parlamento andaluz. “Aunque ya se está trabajando en este Pacto Social y Educativo, es momento de aparcar ideologías e intereses para llegar a acuerdos en algo tan esencial como la educación. Desde nuestra organización lo consideramos imprescindible y nos comprometemos, entre todos, a conseguirlo”.
Asimismo, Rafael Caamaño ha agradecido la invitación a esta organización que engloba a más de 400 centros, 8.000 profesores y 100.000 alumnos/alumnas.
En este sentido, el secretario general, ha indicado que “a diferencia del Gobierno Central, que excluye a la escuela concertada, Andalucía es un ejemplo de concordia y unidad”. Lo ha sido siempre, incluso con otros gobiernos de otro signo diferente al actual “donde no faltó diálogo y llegamos a determinados acuerdos”, ha referido.
Por eso, no entendemos que la ‘Comisión para la Reconstrucción’ del gobierno central no haya sido capaz de aparcar diferencias ideológicas, aunar esfuerzos y responder a las distintas sensibilidades”. Frente a esto, sentimos satisfacción por haber sido llamados y pedimos que el Parlamento Andaluz sí consiga una gran unidad en los objetivos y conclusiones para el bien común de la educación.
Demanda Social
Uno de los contenidos esenciales de ese Pacto Social y Educativo sería el compromiso de atender la demanda social en la elección de centro docente por parte de las familias. El derecho de los padres a elegir ha de ser uno de los principios que se respeten en Andalucía.
“Sinceramente, no entendemos porqué se tiene miedo a la libertad. Querer eliminar el concepto de demanda social es no querer atender ni escuchar a lo que quiere la sociedad. Un ejercicio tan inexplicable como antidemocrático.
Otra cosa es que, por razones económicas o de otro tipo justificada, las demandas no puedan ser atendidas en su totalidad o en determinadas circunstancias, “pero sostenerlo como principio general nos parece un atentado contra la libertad”, ha defendido Rafael Caamaño.
Presencialidad
Rafael Caamaño ha asegurado que los centros educativos están trabajando en la “vuelta a la presencialidad” de las aulas. Ha indicado que se está haciendo con “ejemplar implicación del personal, docente y no docente, y de las familias”, siguiendo las recomendaciones e instrucciones que se nos están dando desde el Gobierno andaluz.
Por ello, desde CECE se pide que “no se renuncie a esa presencialidad, con todas las medidas de seguridad necesarias”.
Pero también que hay que tener presente la aparición de brechas de desigualdad que “igualmente deben ser ahora abordadas y subsanadas”. En este punto se ha referido al “hecho insólito” por parte del Gobierno Central de que ayudas económicas para combatir las consecuencias del COVID19 no vayan a centros y familias de la enseñanza concertada, “por no se sabe qué motivos ideológicos”.
Algo que desde CECE se considera “antidemocrático y antisocial” pues “no se castiga a los centros, se castiga a las familias”. Ante esto, desde la patronal de la enseñanza privada ha pedido a la Comisión que este hecho se denuncie e insta al gobierno andaluz “a subsanar esta injusticia”.
Sectores de especial interés
Durante la intervención en el Parlamento, en representación de CECE Andalucía, Rafael Caamaño ha querido hacer hincapié en tres sectores de especial atención. Se trata de las escuelas infantiles, la formación profesional y los centros específicos educación especial.
En referencia a las escuelas de 0-3 años, donde CECE cuanta con una importante representación, el Secretario General ha pedido que sean tratados e incluidos entre los sectores a los que hay que prestar especial atención en las ayudas económicas extraordinarias que se tengan previstas.
Aunque cabe reconocer lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno andaluz, es preciso que “se haga un mayor esfuerzo aún”, y que no sea sólo con el presupuesto previsto en educación, sino que se acuda a otros fondos extraordinarios si es preciso, como se está haciendo con otros ámbitos.
Tal petición se justifica en que este un sector “de, no pequeñas, sino pequeñísimas empresas, que se encuentran bajo un sistema de financiación que no estaba previsto para afrontar las excepcionales circunstancias actuales”, y que es “imprescindible” que siga funcionando para que las familias puedan hacer frente a todas sus obligaciones y necesidades.
Igualmente, Rafael Caamaño ha puesto acento diferenciado en los Centros Específicos de Educación Especial, que en Andalucía están mayoritariamente llevados por la iniciativa social privada, y sostenidos con fondos públicos.
En relación a estos centros “sentimos también que se esté poniendo en duda su existencia”. Y hay que conocer bien “la realidad del alumnado que atienden, las necesidades de las familias que tienen estos hijos, a las que hay que escuchar especialmente” para poder legislar con justicia.
Se trata de un colectivo que ha sufrido especialmente las circunstancias del confinamiento y al que le va a ser más difícil poner en práctica las medidas de seguridad previstas a partir de septiembre.
Por ello, es un sector para el que pedimos especial atención en cuanto a la dotación de medios humanos y materiales que prevean todos los posibles escenarios con los que nos podamos encontrar.
Finalmente, también se ha hecho referencia a la Formación Profesional. Sobre implementar las mejores soluciones para el inmediato futuro y la recuperación económica y social de nuestra sociedad.
Desde CECE-Andalucía se ha defendido la importancia de la FP Básica, de Grado Medio y Superior en combatir el fracaso escolar, el abandono escolar temprano y el paro juvenil. Sin duda “unos de los principales objetivos que deberíamos tener como base de la recuperación económica y social y del desarrollo futuro de nuestra tierra”.
Y para ese cometido es muy importante el sector privado de Formación Profesional en Andalucía por su dinamismo y capacidad de crecimiento para atender las demandas de los mercados.
Propósito que sería más productivo con más ayudas y colaboración de la administración pública. “Y no estamos hablando de incrementar los conciertos educativos – que también- sino de poner en marcha otras fórmulas de financiación y colaboración público-privada”. Sin duda, la FP es uno de los pilares de la recuperación, ha finalizado.
