El presidente de la Federación de Centros de Enseñanza Privada en Andalucía, ha comparecido en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz para expresar el posicionamiento de CECE-A sobre el Proyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado.
Desde esta organización se apoya “decididamente” la nueva norma, “pero queremos que se haga sin exclusiones. Que se incorpore al personal docente que presta su servicio en centros concertados, frente a las opiniones que defienden que esa consideración debería de estar reservada solo para el profesorado que ostenta la condición de funcionario público”, ha observado.
Respecto a los profesores de los centros privados, entendemos que debe igualmente reconocérseles la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, ya que éstas son las mismas que realizan los profesores de los centros concertados y públicos.
Andalucía tiene que tener su propia Ley
Aunque la mayoría del alumnado y sus familias ejercen su derecho a la convivencia en el seno de la comunidad escolar con una actitud de participación y de respeto hacia sus profesores, “no es menos cierto que existe un porcentaje minoritario, pero significativo, que provoca un fuerte desgaste en la autoridad de los docentes, a los que se dificulta, en muchos casos, el normal desarrollo del proceso de enseñanza”.
Además, cabe recordar que no existe una Ley de autoridad del profesorado de carácter básico para todo el estado español. Pero sí en algunas Comunidades Autonómicas sí tienen donde su aplicación en estos territorios y la respuesta “es muy positiva”. Así se justifica la implantación de este modelo de éxito en Andalucía.
Y es que, no cabe duda de que hemos avanzado en la construcción de un sistema educativo que promueve y ampara la convivencia en los centros escolares. Pero “llegados a este punto, debemos plantearnos que no todos los objetivos se han conseguido”, ha comentado.
A este respecto, el presidente de CECE-A considera que existe un porcentaje significativo de alumnos y de padres que “han confundido el ejercicio de sus derechos con actitudes violentas y de agresiones que la citada normativa vigente no pone freno o solución y que han venido generando una cierta percepción de impunidad para los que cometen estas faltas”.
Cita en este punto, a ejemplos como dificultades para dar clase, faltas de respeto, amenazas y agresiones verbales, o el ciberacoso entre alumnos o hacia el profesorado.
Así con todo, plantea una serie de avances y observaciones para que esta Ley de Autoridad del Profesorado sea un instrumento eficaz, para “tratar de enseñar cómo se ejerce el respeto que no debimos perder”, en palabras de García Reche.
Hay que partir de la base de que es evidente que hay que recuperar el prestigio social que merece el profesorado y la Escuela como institución educativa, y seguir profundizando y creciendo en la convivencia democrática en el seno de la comunidad escolar. Y para ello, hay que replantear las actuales normas de convivencia que no son capaces de poner freno al problema que nos ocupa.
En este sentido, se precisa ampliar la formación pedagógica y emocional de los docentes para hacer frente a las situaciones que se presentan en el desarrollo de sus clases, origen de procesos de inseguridad, estrés o depresión. También incorporar, dentro de la autonomía de centro, a las normas de Organización y Funcionamiento valores o normas de urbanidad y respeto.
Pero también que ningún profesor o profesora quede excluido. A diferencia de como viene recogido en el texto normativo a debate, los servicios jurídicos y psicológicos de la Administración deberían extenderse al profesorado en pago delegado, a fin de obtener la protección y ayuda necesaria en caso de conflicto.
En definitiva, tanto CECE Andalucía como su presidente se reafirman en su disposición favorable para colaborar en todas aquellas iniciativas que produzcan sinergias positivas en la mejora de nuestro sistema educativo. Sin duda, recuperar la autoridad del profesorado y la erradicación de la violencia escolar, en cualquiera de sus manifestaciones, debe ser un objetivo común de los que tenemos la responsabilidad de velar por la excelencia y calidad de la enseñanza y educación que reciben nuestras niñas y niños.
