El inicio del curso escolar comienza con la apertura de las escuelas infantiles para pequeños y pequeñas de 0 a 3 años. Una etapa que hoy se reconoce como clave y que va más allá de la conciliación familiar para convertirse en el primer escalón de la formación integral de las personas. Pero también es un sector productivo de gran interés económico. Para hablar de este ámbito de actividad, tanto de sus fortalezas como de amenazas, hemos mantenido un encuentro con Rafael Caamaño, Secretario General de CECE-Andalucía, entidad que aglutina más de 200 escuelas infantiles.
Qué tamaño tiene este sector en Andalucía
En Andalucía, como se sabe, la educación ha sido un “campo de control político” de la Junta de Andalucía, que se ha reservado el 80% de la red de centros, sin atender a la demanda real de las familias. Sin embargo, no ha ocurrido así por ejemplo con el sector de la Educación Especial, ante el que la iniciativa privada ha sido más sensible, y de hecho el 80% de los centros son privados. Y lo mismo ocurre con la Educación Infantil 0-3, en el que más del 70% de las Escuelas (unas 1800 en toda Andalucía) son privadas, prestando un servicio socio-educativo desde hace muchos años, y que ha sabido actualizarse, pasando de las clásicas “guarderías”, a un verdadero servicio educativo, base fundamental para el buen desarrollo y éxito escolar de los niños y niñas desde la edad temprana.
¿Se nota la bajada de la natalidad?
Por supuesto, evidentemente, pero no hay una bajada de la demanda: lo que hay es menos nacimientos de niños. Pero el sector ha crecido en los últimos años, y de hecho en Andalucía se ha sobrepasado el objetivo de atender al 30% de la población. Hay margen de crecimiento, evidentemente, si se facilitase y se organizase mejor el sector, se atendiese la demanda en las zonas que lo requieren, se solucionase el tema de la financiación, que es el caballo de batalla actual. Algo se ha empezado a hacer con la localización y publicación de las llamadas “zonas saturadas”, es decir, aquellas en que la demanda está cubierta, que faciliten a los empresarios que promuevan escuelas en zonas donde existe esa demanda: es un paso positivo, aunque aún muy reciente para que se noten sus resultados.
¿Por qué se ha convertido en un sector tan conflictivo en los últimos años?
Porque no se ha definido bien ni de un modo claro el “modelo” que se quiere tener. Y eso que Andalucía, respecto a otras Comunidades Autónomas, ha apostado de un modo claro por este sector, en mejores condiciones que otras administraciones. Pero aún así, el modelo actual tiene muchas deficiencias, como se ha visto en el actual conflicto que estamos padeciendo.
Se fija por la administración un precio fijo de la plaza, con unos controles verdaderamente desproporcionados y muchas veces injustos, un precio que no se corresponde con el coste real del servicio que se presta, pero que no se quiere actualizar por lo que llaman “coste político” que tendría que las familias pagasen más, sin que estas familias conozcan de verdad el sacrificio que supone para los profesionales que atienden a sus hijos ni el peligro permanente de subsistencia en el que se encuentran.
El precio actual lleva congelado cerca de 10 años, sin actualizarse ni siquiera con el IPC.
¿Cuál debería ser el precio objetivo de la plaza?
Hay muchos estudios hechos. CECE-Andalucía ya planteó hace tres años un precio razonable. Digo razonable porque otros hablaban de precios desorbitados e irreales en nuestra sociedad de Andalucía. Pero los 279 euros actuales son inasumibles: CECE-Andalucía propuso pasar a un precio inicial de unos 320 euros, que de hecho es el que la Consejería actual había ofrecido para este curso 2019/20, y seguir después con subidas anuales progresivas. Con una política de bonificaciones a las familias para que estas subidas no repercutiesen en ellas.
También propusimos que se “liberalizase” más el modelo, con una franja horaria mínima subvencionada, y unos servicios extras que pagasen las familias si los querían tener.
Insistimos en que el problema es la rigidez del modelo actual, que incluso dice la Consejería que les impide abordar las mejoras que han prometido: es absurdo que la propia Administración elabore leyes y normas que van en contra de sus propios objetivos.
¿Qué ha ocurrido en las últimas negociaciones con la Junta de Andalucía?
Pues que este Gobierno prometió la actualización del precio a partir de enero de 2020 y ahora dice que no puede, y lo retrasa al curso 20/21. Todo ello con unas negociaciones ya cerradas, incluso unos borradores de órdenes elaborados para llevarlo a cabo, y que en el último momento dan marcha atrás. Algo totalmente inadmisible, además de chapucero.
Téngase en cuenta, además, que también ha sido un golpe muy duro para las escuelas la subida del SMI, que aunque pudiera parecer una mejora para los trabajadores, si las empresas no pueden repercutirlo en sus ingresos (como es evidente, pues los márgenes empresariales en estas empresas son inexistentes), lo que llevan es a cierres o pérdida de empleo.
¿Qué propone CECE-Andalucía ante el conflicto actual? ¿Va a promover el cierre de las Escuelas?
Nunca promoveremos un cierre patronal, que perjudicaría a todos, familias y empresas. Seguiremos negociando e insistiendo en la búsqueda de una solución. Presionaremos a los responsables del Gobierno, informaremos a las familias para que conozcan la realidad de lo que está sucediendo, y que ellas deben también presionar al Gobierno actual a que cumplan sus tan reiteradas promesas.
Exigiremos que se cumpla lo comprometido para el curso 19/20, sea por la subida del precio plaza, o por otras ayudas complementarias si esa subida se pospone al curso 20/21. De hecho, hemos visto que el PP ha recogido exactamente esta propuesta concreta de CECE-Andalucía en las últimas declaraciones de su Portavoz Parlamentario. Esperamos que a lo largo del mes de septiembre se llegue a una solución, para lo que seguiremos con las reuniones que sean precisas tanto con la Consejería de Educación como con los grupos parlamentarios del Parlamento Andaluz.
