- Almería, Córdoba, Huelva, Granada, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla vivirán desde las 11.00 nuevas concentraciones y recorridos con vehículos, adornados con motivos naranjas, dentro de un itinerario aprobado por las autoridades competentes y bajo las más estrictas medidas de seguridad sanitarias.
- Los centros educativos concertados, que forman parte del Sistema Educativo Público Andaluz, representan cerca de un 20% de la enseñanza impartida en los centros sostenidos con fondos públicos de nuestra Comunidad Autónoma.
- Los centros concertados y privados continúan con las movilizaciones para frenar un proyecto de ley que consideran sectario y excluyente y un ataque sin precedentes al derecho a elegir de los padres avalado por Naciones Unidas y el artículo 27 de nuestra Constitución.
- Ayer presentaron en la Delegación del Gobierno de Andalucía un escrito formal con las enmiendas que desde la Plataforma Más Plurales Andalucía se proponen para modificar aquellos aspectos más negativos del texto actual.
- Insisten en pedir al Gobierno andaluz que les secunden en su rechazo y que recurra la norma ante los tribunales si finalmente llega a aprobarse.
- La consideran una pésima ley que rompe el equilibrio entre centros públicos y concertados implantado en toda Europa, limita la autonomía de los centros en contra de las recomendaciones de todos los organismos internacionales y amenaza la educación diferenciada, así como la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y la supervivencia de los centros educación especial.
- La campaña nacional “Más plurales, más libres, más iguales” convocada por la Plataforma Concertados, roza las 2.000.000 firmas contra la Ley.
Escuelas Católicas de Andalucía, CECE Andalucía, FSIE Andalucía, FEUSO Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en Más Plurales, han organizado una nueva acción de protesta contra la LOMLOE. En esta ocasión, las organizaciones han convocado para el PRÓXIMO DOMINGO 20 de DICIEMBRE, entre las 11.00 y las 13.00 horas, en todas las capitales de Andalucía (a excepción de Cádiz, cuya provincia lo organizará en Jerez de la Frontera), una manifestación con vehículos, adornados con motivos naranjas, dentro de un itinerario aprobado por las autoridades competentes.
La educación concertada y privada andaluza, tras el éxito de la manifestación organizada en toda Andalucía el pasado 20 de noviembre, con más de 20.000 participantes, quiere invitar a toda la comunidad educativa de los centros (familias, equipos directivos, profesores, PAS y alumnos) a trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos el amplio rechazo social que causa esta reforma y protestar ante el avance de la ley y la posibilidad de que la próxima semana pueda ser aprobada en el Senado. Con esta manifestación, se pretende se pide a los partidos políticos que digan no a esta Ley en la Cámara Baja para abrir un debate educativo profundo y serio.
Patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en rechazar la LOMLOE, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido. Por el momento, porque su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico. Por la forma, porque esta norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo. Pero sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza.
Así, según los representantes de la concertada y privada, que ayer presentaron en la Delegación del Gobierno de Andalucía un escrito formal con las enmiendas que desde la Plataforma Más Plurales Andalucía se proponen para modificar aquellos aspectos más negativos del texto actual, la LOMLOE supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos. Para hacerlo, se inventa un “derecho a la educación pública”, completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados.
En la misma dirección, la LOMLOE, en contra de las recomendaciones de todos los organismos e instituciones educativas internacionales, lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando esa es contrariamente la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos. Asimismo, posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y resucita la polémica educación para la ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres.
Por otra parte, la LOMLOE, no sólo no avanza en la homologación de los profesores de la enseñanza concertada con los de la pública, sino que amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y el futuro tanto de la educación diferenciada, a la que se la aboca a no financiarse con fondos públicos y a su desaparición como opción pedagógica, como de los centros específicos de educación especial, en contra de la opinión de los profesionales y las familias. Insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a los padres, o incluso a los poderes públicos frente a los padres.
Finalmente, arroga a la Administración la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, lo que, lejos de evitar la segregación educativa, tiene la consecuencia práctica de impedir la libertad de elección de las familias de esos menores, cuando precisamente estos alumnos son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor.
