Compartimos el artículo de nuestro Secretario General, Rafael Caamaño, publicado en las cabeceras del Grupo Joly.
El curso 20/21 está siendo, indudablemente, uno de los más extraños y complicados que hemos vivido, como en todos los ámbitos de nuestra sociedad y del mundo, en medio de esta pandemia a la que esperemos ver pronto el final. Por tanto, dar una opinión sobre el panorama educativo actual, no puede abstraerse del momento tan excepcional que estamos viviendo.
Sería superfluo, por innecesario, repetir los problemas a los que nos estamos enfrentando, de sobra conocidos y padecidos por todos. Pero sí quiero resaltar lo que el ámbito educativo está suponiendo y a lo que está contribuyendo como pilar fundamental de la sociedad y de las familias.
Muchos han presionado -y lo siguen haciendo- para que los colegios cerrasen sus aulas, otros anunciaban terribles presagios sobre el mal aprovechamiento de los alumnos y su rendimiento, o sobre la capacidad de los centros para seguir impartiendo una enseñanza de calidad cuando ha debido hacerse por medios telemáticos.
Estos meses, por el contrario, han demostrado que los centros de enseñanza son los espacios más seguros contra el Covid-19, gracias al esfuerzo de profesores, personal de administración, directivos y familias, además del ejemplar comportamiento de los alumnos, siguiendo los protocolos previstos; esfuerzo que, con el apoyo de los sanitarios, ha conseguido vencer todos esos negativos augurios.
Muchas han sido, y siguen siendo, las dificultades, entre otras económicas y de falta de medios: comprendemos que el esfuerzo económico de las administraciones debe ir en primer lugar a la sanidad, y a ayudar a tantos sectores económicos que lo están pasando muy mal, pero hemos reclamado y lo seguimos haciendo más medios para el sistema educativo, que atiende cada día a miles y miles de alumnos, prestando un servicio esencial para las familias y para la sociedad.
Entre ellos, el grupo de las escuelas de infantil 0-3, fundamental para atender adecuadamente a los más pequeños, para que no se interrumpa su desarrollo educativo (que empieza en esas edades) y para que las familias puedan conciliar su vida familiar y laboral. Por su pequeño tamaño son enormemente vulnerables a los vaivenes económicos y, aunque reconocemos las ayudas que han recibido hasta ahora de la administración andaluza, es el momento de no sólo pensar en el corto plazo, sino en dotarles de instrumentos financieros y organizativos que garanticen su viabilidad futura.
Y aunque todos los esfuerzos están ahora centrados en superar este difícil curso y esta terrible pandemia, no podemos dejar de pensar en ese medio plazo para todo el sector educativo. Y me refiero a dos cuestiones que me gustaría también tratar, en lo que permita el breve espacio de una tribuna como esta.
Uno es la importancia de la colaboración público-privada, para mejorar la educación. Seguimos padeciendo unos de los mayores índices de fracaso y abandono escolar entre los países de nuestro entorno, además de un paro juvenil que empieza a parecer casi endémico. Índices que ciertamente mejoran, pero muy lentamente, y además de una manera asimétrica según las zonas de nuestro país.
Y mientras esto afecta a unos altísimos porcentajes de nuestras familias, algunos se enfrascan todavía en absurdos enfrentamientos y comparaciones entre enseñanza pública y privada, sostenida o no con fondos públicos, en una politización de la educación que se pone desgraciadamente más al servicio de ideologías y partidos que al de las familias.
A estas alturas, todavía tenemos que reclamar de la Administración que no discrimine ni haga distinción entre los alumnos y familias de unos u otros centros (públicos, concertados y privados), para su participación en programas o proyectos educativos, de mejora del aprendizaje, de dotación de herramientas para combatir situaciones de desventaja social, o en atractivos e interesantes competiciones o concursos educativos, etc, etc, por cierto financiados, en muchos casos, por fondos europeos que deben estar abiertos a toda la población sin distinción.
Los altos índices de paro juvenil exigen políticas de fomento de la Formación Profesional (también y quizás principalmente la de Grado Superior) que están pidiendo a gritos la puesta en marcha de fórmulas de colaboración público-privada, que permitan atender la enorme demanda que existe actualmente de estas enseñanzas por parte de nuestros jóvenes. Aspiramos a llegar a lo que se hace en otros países, como Alemania, por ejemplo, pero eso es imposible con la rigidez de nuestro actual sistema (enormemente burocratizado y regulado), y menos aún si no se cuenta con el sector privado, ampliando las ayudas y fórmulas de colaboración que faciliten el acceso a estos estudios de todos los jóvenes que los demanden, sean cuáles sean sus condiciones económicas.
Y el segundo aspecto que quería comentar es el que ya mencionaba anteriormente de la politización de la educación, mal endémico en nuestro país. Lo hemos vivido este curso con la polémica aprobación de la LOMLOE (la llamada Ley Celaá), caso verdaderamente “paranoico” de tramitación de una importantísima Ley Orgánica de Educación en medio de las olas más graves de la pandemia, con el único afán revanchista de eliminar la normativa de anteriores gobiernos por ser de otro signo político. Y dejando el futuro para que otros hagan lo mismo cuando lleguen a gobernar.
Abundando en este caos y desorden, asistimos estos días al variopinto desarrollo de dicha Ley según el signo político de cada Comunidad Autónoma: que nos digan si esto no es politizar la educación.
En medio de toda esta situación, ¿qué le pedimos al gobierno andaluz y a su Consejería de Educación, que es lo que “nos toca” de cerca a nosotros”?
Que crea y respete la verdadera “demanda social” en la elección de centro educativo por parte de las familias, y no se deje llevar por el miedo o la presión de los que con una mirada miope dicen defender la enseñanza pública queriendo que sea un monopolio inmune a la exigencia y a una sana competencia.
Y se cree de verdad en la demanda social y el derecho de los padres a elegir, si se atiende a las solicitudes de conciertos que tienen demanda y a la eliminación de un sistema de zonificación de la escolarización que limita y condiciona totalmente la libertad de elección.
Que a la hora de dotar de medios, implantar programas y proyectos, no discriminen por razón de la titularidad de los centros, sino que piensen en las necesidades de todas las familias andaluzas sin distinción.
Que tengan la seguridad -como indican una y otra vez los informes internacionales- que la educación mejora cuando se respeta y amplía la autonomía de los centros, de sus profesores, de sus proyectos educativos, sin miedo a esa “libertad” de organización, que enriquece el sistema educativo, fomenta la creatividad, la innovación, y pone el foco única y exclusivamente en la mejora de la educación de cada niño y niña.
