La patronal de la enseñanza privada de Andalucia, CECE-A, ha querido reiterar su rechazo más absoluto a la entrada en vigor de la LOMLOE. Su puesta en marcha definitiva supone un daño irreparable al derecho de las familias a elegir centro y modelo educativo.
Desde CECE se advierte de que estamos ante una ley excluyente, la enésima que se aprueba en los últimos años, donde se prima con rotundidad que el servicio público de la educación se preste sólo a través de los centros públicos en todas sus etapas.
En este sentido, para nada se tiene en cuenta que este servicio esencial puede prestarse a través de otra tipología de centros que demandan las familias, que aunque quiera obviarse interesadamente son los primeros responsables de la educación de sus hijos.
Así, es de extrema gravedad que se obvie la demanda social, es decir, el derecho a elegir de padres y madres el centro educativo para el alumnado. De hecho, lo primero que han hecho en esta reforma es quitarlo como uno de los criterios que debía tenerse en cuenta a la hora de programar las plazas escolares. Como culmen del contrasentido, ahora es la sociedad la que se tiene que someter a las preferencias del gobierno en vez de gobernar teniendo en cuenta las demandas de la sociedad.
Un hecho que se constata en diferentes apartados de la ley. Por citar algunos ejemplos, en educación infantil (art. 15 y disposición adicional tercera), sólo prevé una oferta de centros públicos; con los centros de educación especial que los pretende dejar para una atención “muy especializada” .
Igualmente, con la educación diferenciada, que “opinan” los legisladores del Gobierno de que no fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, en contra de la libertad de elección de familias que desean ese modelo pedagógico y que lleva más de 50 años sostenido con fondos públicos (disposición adicional vigésimo quinta).
De la misma manera, se atenta a la libertad de elección con la cosificación de los criterios de admisión con una prioridad desmedida de la cercanía del centro que acentúa aún más la imposibilidad de elegir y moverse de una determinada zona (artículo 84).
En definitiva, la nueva reforma va en sentido contrario al pluralismo educativo que recoge la Constitución y que ha sido interpretado por nuestro Tribunales como pilar básico de nuestro sistema educativo.
Es evidente, que la complementariedad de redes de centros, de modelos pedagógicos distintitos, la libertad de las familias, la libertad de creación de centros, el derecho a educar a los hijos conforme a unas convicciones, religiosa, filosóficas y pedagógicas etc … queda atrás con esta Ley que más que del siglo XXI parece decimonónica.
