Rafael Caamaño, antiguo director de Altair, secretario general de CECEA y presidente de CECE-Sevilla, expresa sus impresiones sobre la LOMLOE, también llamada ley Celáa.
¿Es urgente y necesaria una nueva ley de Educación en España? ¿Qué problemas tiene la ley que actualmente está vigente?
Lo que es urgente es que haya un verdadero Pacto y consenso entre los partidos políticos para tener una Ley Orgánica estable, que no cambie con cada nuevo Gobierno. Llevamos 7 leyes orgánicas y es imposible que la educación mejore sin estabilidad y despolitización.
Es preocupante además que se quiera aprobar en medio de esta situación de pandemia, que no permite un debate sosegado, y que nadie está ahora para esto, sino para sacar adelante lo mejor posible la situación que padecemos.
¿No es posible en España una ley de Educación que esté por encima de las ideologías y los partidos políticos y dure muchos años, con independencia de quién gobierne en nuestro país?
Para esto haría falta un verdadero respeto y sentido de la libertad de los partidos políticos, especialmente del arco de la izquierda, para no querer utilizar la educación como vehículo de influencia ideológica y de adoctrinamiento. Los partidos no deberían tener un “modelo educativo” determinado, deberían legislar lo menos posible, permitir autonomía y libertad, fomentar la pluralidad de modelos de la iniciativa social, y que los padres elijan entre los distintos modelos. Autonomía también en la enseñanza pública, que no tiene por qué ser única, idéntica. Sino que podría haber distintos Proyectos Educativos. Mientras esto no sea aceptado por todos, verdaderamente va a ser muy difícil un pacto educativo y una legislación estable.
¿Qué pretende o cuáles son los objetivos de la LOMLOE, también llamada ley Celaá?
Es una Ley claramente intervencionista en su planteamiento: pretende controlar todos los resortes de la educación: la Inspección educativa, la actividad del profesorado limitando su libertad de cátedra, la organización pedagógica de las enseñanzas según un modelo único decidido “desde arriba”, sin fomentar la autonomía de los centros y de su comunidad educativa.
Es una Ley que tiene el objetivo claro de que termine habiendo sólo enseñanza pública, promoviendo la creación de centros públicos suficientes para toda la demanda existente, es decir, sin cabida para centros concertados ni privados.
Es una Ley que pretende adoctrinar, sin ningún respeto a la neutralidad que debe tener el Estado.
Una Ley que atenta directamente contra la libertad de elección de centro de las familias y de creación y dirección de centros docentes.
Una Ley que vuelve a unos principios pedagógicos que han traído los índices de fracaso escolar que padecemos actualmente.
¿Cómo afectará tal como está planteada esta ley a los centros privados y concertados? ¿Pone en riesgo la viabilidad de los centros concertados?
Como decía antes, si la Ley se desarrolla según los objetivos que se marca, se irán creando plazas públicas, sean o no demandadas por las familias, hasta cubrir todas las necesidades de escolarización, lo que justificaría retirar los conciertos por no ser necesarios y existir plazas públicas suficientes.
Algunos consideran esto una exageración y un alarmismo injustificado, pero la Ley dice lo que dice: y el gobernante tendrá el instrumento legal para hacer lo que digo, si quiere hacerlo.
¿Cómo afectara a las familias esta nueva ley?
Las familias no tendrán el derecho a elegir el centro que libremente deseen, sino que los criterios de admisión van a ser mucho más estrictos primando aún más la zonificación y la proximidad a los centros. Además de ser organizada y decidida la escolarización por unas Comisiones al efecto, controladas por la administración.
No van a poder elegir modelos pedagógicos distintos a los oficialmente permitidos. Por ejemplo, los que ahora quieren una educación diferenciada por sexo, no podrán hacerlo, porque esta Ley elimina los conciertos a los centros que siguen este modelo pedagógico.
Y los contenidos de los currículos van a estar enormemente controlados para impedir que formen en valores distintos de los que el Estado dictamina.
Sin contar con que la enseñanza de religión queda también eliminada del currículum oficial, relegada a una enseñanza marginal.
No quiero ser demasiado negativo, pero es que esta es la realidad. Los últimos movimientos del Gobierno se han radicalizado, pasando de unas posturas contrarias a la Ley Wert pero que podían ser matizadas, a dejar la nueva Ley en manos de los partidos más radicales de la extrema izquierda.
¿Por qué esta ley perjudica a los centros de educación especial? ¿Qué motivos pueden tener los políticos que la impulsan para atacar un tema tan sensible para la sociedad como la educación especial?
Aquí hay otro “juego” de engaños e intenciones, porque la Ley no dice que estos centros vayan a desaparecer, pero sí dice que en el plazo de 10 años todos los alumnos con NEE deberán estar escolarizados en los centros ordinarios, salvo situaciones de excepcionalidad, que queda indeterminado en qué consisten, y sin ninguna referencia a los deseos u opinión de las familias, que son los primeros responsables de sus hijos.
¿Motivos? Por un lado, llevar la inclusividad a un extremo que no tiene en cuenta las circunstancias de cada persona, sino que la persona queda al servicio de una ideología determinada.
Y segundo, otra vez ese afán de control y de que el Estado es el que decide y organiza la vida de los ciudadanos.
¿Qué medidas está tomando CECEA frente a la LOMLOE? ¿Qué puede hacer la comunidad educativa de los centros privados y concertados de España para evitar que esta ley se apruebe? ¿Cómo marcha la campaña de Másplurales?
Se ha constituido a nivel nacional esa Plataforma “Másplurales”que mencionas, que está llevando a cabo un increíble trabajo de movilización, de concienzación, de reuniones con partidos políticos, instituciones de la sociedad, recogiendo firmas de apoyo, que ya sobrepasan con creces el millón de firmas, etc, etc.
Se ha intentado en todos estos meses anteriores hablar y negociar con el Gobierno el contenido de la Ley, pero ha sido un diálogo de sordos. Y como digo, se acabó el margen de negociación cuando el Gobierno decidió aceptar las enmiendas de los partidos más radicales de izquierdas, sin ninguna opción a modificar nada.
En estos momentos estamos inmersos en esta campaña, pacífica y serena pero también clara y contundente, y seguiremos durante todo el trámite parlamentario de la Ley.
Todos los que quieran apoyar esta campaña pueden seguir sus actuaciones en la web www.masplurales.es además de la información que se está haciendo llegar a los centros y Ampas.
¿Existe conflicto entre la educación pública y la privada y concertada? ¿A qué se debe que en muchas ocasiones la enseñanza pública tenga menor demanda?
Nuestra Constitución recoge la coexistencia de las tres redes, privada, concertada y pública en perfecta convivencia y sin conflictos ni enfrentamientos, justificada esta pluralidad precisamente para posibilitar por las familias el derecho a elegir la educación religiosa, filosófica y pedagógica que quieran para sus hijos.
La demanda que haya en cada momento es la que decidan las familias con toda libertad.
A día de hoy, ¿cuáles son los trámites que le quedan a la LOMLOE para su aprobación definitiva? ¿Cómo ley orgánica, qué mayoría necesita en el Congreso para su aprobación?
En estos momentos se está debatiendo en la Comisión de educación del Congreso, después pasará al pleno de dicho parlamento, tras lo que –de ser aprobada como es previsible– debe ir al Senado. Con las mayorías actuales de Gobierno y partidos que le apoyan, esta Ley será aprobada a lo largo del año 2021, probablemente en sus primeros meses.
También habría otras mayorías posibles, si el Gobierno tendiese la mano a los partidos de centro y centro derecha, lo que llevaría a una legislación que entonces sí podría ser más estable y permanente, más respetuosa con las libertades y que transmitiría un mensaje de tranquilidad a todos, que tanto necesita la educación. Pero parece que esto es una utopía en estos momentos.
